“De buenas intenciones está empedrado el camino del infierno”
Con bombo y platillo los medios de comunicación han retomado que el día de ayer el Senado de la República aprobó la iniciativa que busca regular el funcionamiento del teletrabajo, también conocido como home office. La iniciativa promovida por la Diputada Anita Sánchez Castro, fue previamente aprobada por la Cámara de Diputados y ahora enviada al Presidente de la República quien podrá publicarla en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.
La noticia ha causado cierto furor dentro de la opinión pública y ha generado opiniones favorables en las redes sociales; los encabezados de las notas destacan la obligación de los patrones para hacerse cargo del pago de luz o el servicio de internet necesarios para trabajar en esa modalidad.
La “emoción” de los trabajadores que durante esta pandemia han sufrido algunos problemas por el desarrollo de sus actividades mediante Home Office es comprensible, sobre todo si pensamos en el incremento de los horarios de trabajo, los costos derivados de la adecuación de los espacios de trabajo en los hogares, o la adquisición de herramientas necesarias para trabajar desde casa, incluso el incremento en los tiempos necesarios para realizar las actividades domésticas derivadas de los cuidados del hogar y de los integrantes de la familia. En resumen, buena parte de los trabajadores en México perciben de forma positiva que se regulen de mejor manera las condiciones laborales en las que desarrollan sus actividades.
Sin embargo, la iniciativa presenta un buen número de interrogantes, desaciertos y complicaciones para poderlas aplicar en la realidad. Aquí, vale la pena precisar que la regulación debe ser un marco que delimite y prevenga posibles abusos del patrón y de la persona trabajadora en un esquema de home office, pero no debe ser una camisa de fuerza que impida el desarrollo óptimo de este esquema de flexibilidad laboral y que coloque en un saco único a las personas que trabajan en esta modalidad, sin considerar su contexto económico, familiar, laboral e incluso de vivienda.
A continuación, preciso algunas interrogantes y dificultades que se presentarán con la entrada en vigor de esta iniciativa:
1. La iniciativa dispone la obligación de los patrones para proporcionar las herramientas como equipos de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras; también, prevé el derecho a la desconexión una vez cumplido el horario de trabajo, así como el pago de servicios como agua o internet. Sin embargo, los legisladores omitieron la aplicación de sanciones para los patrones que incumplan estas disposiciones, recordando que norma que no tiene sanción es imperfecta. ¿Qué pasará si los patrones incumplen en cualquiera de esas disposiciones?
2. La reforma menciona la creación de los “inspectores de trabajo”, lo que implicaría disponer de un cierto número de servidores públicos adscritos a la Secretaría del Trabajo (aunque la iniciativa no lo menciona) para realizar tal actividad. Este hecho, refleja una falta de reconocimiento por parte del Poder Legislativo sobre el desmantelamiento en tiempos de “austeridad republicana” con el consecuente despido de miles de servidores públicos. Se percibe difícil dotar de mayores responsabilidades a las dependencias sin que cuenten con el personal suficiente.
3. El espíritu de la iniciativa sigue pensando en un trabajo tradicional –contrario a la flexibilidad laboral-, previendo su vigilancia por medio de cámaras y micrófonos. El hecho representa un contrasentido de un esquema funcional de home office sustentando en la confianza del patrón hacia el trabajador, en la que el cumplimiento de objetivos y metas sea lo más importante combatiendo las culturas organizacionales de la llamada “hora nalga”.
Al final, es un avance que los trabajadores que están haciendo home office cuenten con un ordenamiento legal que ampare y que delimite su ámbito de acción. Sin embargo, no deja de ser una carta a Santa Claus plagada de buenas intenciones, pero con serios problemas de ejecución. Un ejemplo de cómo se pueden hacer mejor las cosas está en España, que tomó varias semanas de debate abierto entre sindicatos, organizaciones gubernamentales, academia y empresarios para buscar las mejores disposiciones para regular este esquema. Por el bien de las personas teletrabajadoras y sus familias, espero que próximamente se corrijan las imprecisiones y se busque generar un debate abierto y robusto con la academia, empresarios y autoridades para contar con un esquema de regulación del teletrabajo realista y acorde con la realidad de nuestro país.
Gonzalo Vera
Yorumlar