En memoria de Diana Montoya, una servidora pública ejemplar
Sexenios pasan, administraciones públicas municipales, estatales y federales de cualquier partido o ideología concluyen y los resultados siguen sin estar a la altura de lo que la sociedad espera. Lo acontecido en la Ciudad de México con el sistema de transporte más importante de la capital, es un recordatorio más, que manifiesta entre muchos otros problemas, la falta de profesionalización de las personas servidoras públicas en todos los ámbitos de gobierno.
A la luz de los peritajes que se hagan en las siguientes semanas, el trágico suceso dejó al descubierto viejos problemas públicos relacionados con la negligencia, posible corrupción, ausencia de vocación por el servicio público, cercanía con la sociedad, así como la falta de preparación y especialización técnica de las personas servidoras públicas responsables de la construcción, mantenimiento, supervisión de la línea 12 del metro. Además, el hecho también hace evidentes los resultados negativos que pueden propiciar el uso inadecuado de los recursos públicos, en esta ocasión disfrazado de “austeridad republicana” -que a mi entender es más bien un pichicateo de los recursos para reorientarlos a la compra y mantenimiento de clientelas políticas que le permitan al gobierno en turno permanecer en el poder-.
Sin embargo, el problema es estructural, la ausencia de una política pública a nivel nacional que busque la profesionalización, es un asunto del primer orden de importancia. A pesar de ello, México atraviesa un serio estancamiento el tema desde hace casi dos décadas. En este contexto, vale la pena delimitar nuevamente… ¿a qué me refiero por profesionalización?
La profesionalización de las personas servidoras públicas se relaciona con la manera en la que se gestionan. Es un mecanismo institucional mediante el cual se ingresa, capacita, promueve, remunera, evalúa a cualquier persona que cuente con un empleo público por medio de un principio fundamental… el mérito. En este sentido, la concepción de priorizar el mérito como el fundamento para la gestión del empleo público, contrarresta la captura de los puestos públicos como un sistema de botín que le pertenece a los políticos que resulten ganadores de elecciones; o bien, a viejas prácticas tradicionalmente empleadas en las que la lealtad política, la afinidad, o el compromiso son activos de mayor importancia que la especialización técnica, la experiencia, los conocimientos, las habilidades, la vocación o la cercanía con la sociedad.
Asimismo, la profesionalización se materializa mediante la instauración de Servicios Profesionales o Civiles de Carrera. En este sentido tanto la teoría como la evidencia práctica de los países que cuentan con estos sistemas consolidados, nos demuestran la relación positiva que existe entre profesionalización y mayor capacidad de las instituciones para atender las necesidades sociales, disminuir las prácticas de corrupción, favorecer el crecimiento económico y la desigualdad social e incluso, cuando se adoptan acciones afirmativas para el ingreso, incrementar la de democratización del acceso al empleo público.
A pesar de los múltiples beneficios de consolidar servicios civiles de carrera que promuevan el mérito, México está lejos de encontrar rumbo. En los municipios mexicanos es prácticamente inexistente la instauración de estos sistemas. Lo mismo ocurre en la mayoría de los estados, mientras que la Federación cuenta con el Servicio Profesional de Carrera, del cual no está sujeto ni el 2% de las personas que trabajan en el gobierno federal. En este sentido, la instauración de servicios civiles se ha manifestado, en lo que algunos teóricos denominan como “islas de profesionalización”, ya que son contadas instituciones en las cuales funciona esta forma de administrar al personal público.
La política de profesionalización de las personas servidoras públicas se mantiene arrumbada en lo más recóndito de los cajones de la clase política, que se resiste a perder la oportunidad de designar de manera libre y sin resistencia a quienes considera como sus leales, así como a la oportunidad de pagar por medio de empleos públicos el apoyo recibido en campaña. Adicionalmente, la agenda de la profesionalización es una causa capturada por la élite académica que durante décadas no ha logrado transmitir en lenguaje ciudadano y con mayor facilidad, la importancia de impulsar esta agenda tan fundamental.
Lo acontecido en el metro, el estancamiento económico, la pérdida de empleos, la creciente desigualdad social, los problemas de inseguridad, la creciente violencia ejercida contra las mujeres, el desastroso manejo de la pandemia, y el sinfín de problemas públicos por los que adolece el país, nos obligan a buscar fórmulas diferentes para solucionarlos. La profesionalización de las personas servidoras públicas, es una fórmula de la cual no se ha echado mano en décadas, urge una reforma de fondo al empleo público en México, que genere grandes directrices que obliguen a los gobiernos municipales, estatales y federal a instaurar y consolidar servicios civiles de carrera.
Profesionalización, como política de Estado
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