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Gonzalo Vera Carmona

Política Nal. Anticorrupción y Reforma Judicial ¿una bocanada de oxígeno para la profesionalización?

Actualizado: 18 feb 2020


Por primera vez en los últimos años, la agenda de la profesionalización, entendida como la política de atracción, capacitación, desarrollo y evaluación de las personas en el servicio público, vuelve a ser un tema en la agenda nacional. Esto lo digo por dos hechos que acontecieron recientemente. Primero, por la aprobación de la Política Nacional Anticorrupción; y segundo, por la iniciativa de reformar al Poder Judicial.


La Política Nacional Anticorrupción, fue aprobada hace unas semanas por el Sistema Nacional Anticorrupción, que es un documento en el cual se concentran las 40 políticas públicas que delimitan la estrategia para coordinar las acciones en la lucha contra la corrupción.


El documento contiene 4 prioridades, dentro de las cuales, el Eje 2 se titula: “Combatir la arbitrariedad y el abuso de poder”, el cual reconoce como una deficiencia la incapacidad para controlar este problema. Por ello, desde la conformación del Sistema Nacional se plantea por primera vez a la profesionalización, como un elemento fundamental para combatir este grave problema.


La estrategia recae en considerar que en la medida que los servidores públicos actúen bajo estándares de profesionalismo e integridad, las posibilidades de que ellos cometan actos de corrupción disminuyen.


En este contexto, el documento realiza un diagnóstico adecuado al considerar como un problema la inexistencia de un servicio profesional de carrera a escala nacional, que privilegie el mérito y la capacidad técnica como criterios para el reclutamiento y el desarrollo de las personas en el servicio público.


Por otra parte, está la iniciativa de reforma judicial presentada por el ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y avalada por el Presidente López Obrador, la cual fue enviada al Congreso para su discusión. En ella, se consideró fortalecer la carrera judicial promoviendo el mérito y la equidad, en busca de disminuir el nepotismo.


Además, se propone la creación de una Escuela Federal de Formación Judicial encargada de realizar los procesos de ingreso, formación y capacitación del personal que forma parte del Poder Judicial.


Celebro, sin duda, que con este par de acciones y luego de que durante muchos años no se abordara nada relevante respecto de la profesionalización, hoy sea considerado como una pieza fundamental para el combate a la corrupción y la impartición de justicia; sin embargo, la implementación de estas estrategias, enfrenta los siguientes desafíos:


  1. Mantener congruencia entre las iniciativas presentadas y los hechos por los que atraviesa el servicio público. Es decir, cómo podemos atraer, capacitar y desarrollar a los mejores, al mismo tiempo en el que se han despedido a miles de servidores públicos de manera injustificada, se cortaron parte de sus prestaciones laborales, se fijaron sus salarios de manera discrecional y sin sustento legal, además del discurso generalizado que los califica de corruptos.

  2. Voluntad política de todos los actores, ya que mientras se impulsa esta agenda, el Presidente ha justificado algunas de sus designaciones en que la confianza y honradez -que él afirma ostentan las personas que designa- son más importantes que la capacidad y experiencia, lo cual es un contrasentido de la meritocracia que busca impulsar la profesionalización. Para esta agenda, la confianza y honradez son tan importantes como la capacidad y experiencia, al ser principios que se complementan.

  3. Reformar al Servicio Profesional de Carrera en la APF e impulsar su implementación en los 3 ámbitos de gobierno, buscando una agenda nacional de desarrollo de la profesionalización.

  4. Hacer del servicio público un sector atractivo para trabajar en él, fomentando el sentido de vocación, salarios y condiciones laborales justas que permitan un balance entre la vida laboral y personal, e impulsando iniciativas que permitan la inclusión y desarrollo de jóvenes en las tareas de gobierno.


Es esperanzador que se relacione el éxito del combate a la corrupción y la procuración de justicia con la profesionalización, sin embargo, el camino será mucho más complicado si no se atienden estos desafíos.

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