La lucha libre es un espectáculo deportivo que nos sitúa en un enfrentamiento constante entre dos bandos de luchadores...rudos y técnicos. Los primeros suelen ser personajes airados, vehementes, a los que constantemente les gusta desafiar las reglas impuestas, y que incluso se identifican mucho más con antivalores como la traición, la injusticia o la arrogancia. Mientras tanto, los técnicos, suelen ser personajes que buscan derrotar a los rudos haciendo uso de sus mejores movimientos aéreos, y llaves, cumpliendo siempre las reglas, poniendo en práctica las enseñanzas de sus entrenamientos al momento de luchar, siempre pensando en conseguir el aplauso del público.
Desde su proceso de formación, cada luchador gracias a su personalidad, estilo de lucha, físico, e incluso los valores con los que se identifica se le asigna un bando y desarrolla su personaje en función de esas consideraciones.
Ahora bien, dejemos de lado, por un momento el cuadrilátero y toquemos temas relacionados con el gobierno y la administración pública. La teoría señala la existencia de dos visiones sobre la forma en cómo se debe atraer, capacitar, desarrollar, y evaluar a las personas en las organizaciones públicas. Hay quien señala la necesidad de que las designaciones se hagan por criterios meramente políticos, es decir, que impere la confianza y la lealtad al superior para poder acceder y desarrollarse en ciertos cargos dentro de la administración pública. Por otra parte, está la vía del mérito, en la que se evalúan los conocimientos, la experiencia y la idoneidad para el cargo. A propósito, diversos especialistas en el tema, señalan las posibles ventajas entre un modelo y otro. Según, Manuel Villoria, el modelo politizado tiende a reflejar mejor los intereses de la mayoría que se manifestaron en las elecciones, sin embargo, tiende a afectar en el respeto a los derechos de las minorías, y puede resultar en decisiones excesivas y autoritarias. El propio autor, señala que, en contraparte, las administraciones públicas profesionalizadas pueden defender mejor los derechos individuales frente a los abusos del poder, así como asegurar mejor el respeto de los procedimientos.
Ahora bien, considerando que la administración pública mexicana se encuentra en el modelo politizado, pensemos en varias de las acciones emprendidas por diversos servidores públicos; quizá sea en esas acciones, donde justamente podamos encontrar que la teoría se hace realidad. En esas decisiones no se ha asegurado la legalidad de los procedimientos, se han cometido posibles abusos de poder, y toma de decisiones que rayan en lo excesivo y autoritario; por eso, las podríamos equiparar con las mejores artimañas, propias de los luchadores rudos, rudos… ¡rudísimos!
Para muestra, algunos botones:
1. Fallas legislativas en la redacción, y en la forma de fijar criterios en la Ley Federal de Remuneraciones, lo que a la postre propició una oleada de amparos, controversias constitucionales, o acciones de inconstitucionalidad, por lo que al final la Corte determinó la invalidez de algunos de sus artículos, y ordenó al Legislativo, reformular algunos artículos de dicha Ley.
2. Deficiencias en la redacción del Plan Nacional de Desarrollo, lo que posteriormente representó dificultades para la elaboración de los Planes Sectoriales.
3. Nuevamente fallas legislativas en la Ley Federal de Austeridad Republicana, al replicar conceptos y ordenamientos que ya se prevén en otras leyes, e incluir conceptos que resultan poco objetivos y difíciles de observar, pero quizá redituables para el discurso político como: “derroche”, “todo tipo de duplicidades”, o “mobiliario de lujo”.
4. Los yerros cometidos en las cuentas oficiales de las dependencias federales atentando contra la libertad de expresión, o incluso defiendo cuestiones de índole política. Como último ejemplo el de la cuenta oficial de la Secretaría de Energía, en el que la propia secretaria tuvo que ofrecer disculpas.
5. La publicación errónea en el Diario Oficial de la Federación en la que se publicó la versión preliminar de un acuerdo del Consejo de Salubridad General que ampliaba las actividades esenciales y establecía el uso de semáforos estatales para levantar gradualmente la cuarentena, el cual tuvo que ser borrado horas después.
6. Finalmente, uno de los que más llamó la atención en los últimos meses fue el decreto presidencial que establece medidas de austeridad, representando un auténtico “martinete” a la legalidad, ya que en él se disponen medidas como la supresión de aguinaldos para los servidores públicos federales (a partir del nivel de subdirector), eliminación de diez subsecretarías (que a la fecha desconocemos cuáles serán), o la pretensión de reasignar de manera unilateral el presupuesto, en el que además se buscó “con carácter de estudio prioritario y, en su caso, de aprobación inmediata”, la actuación del Poder Legislativo.
En resumen, la “transformación” tiene muy cerca de la rendición en la tercera caída al cumplimiento de la legalidad y los procedimientos. Más allá de la visión tecnocrática de la importancia de cumplir con dichos principios, es importante retomar los riesgos que nos señala la teoría, para no permitir que las acciones de gobierno se traduzcan en actos autoritarios, que menoscaben los derechos de las minorías y la ineficiencia gubernamental, porque de lo contrario la población en su generalidad es la que está padeciendo las lamentables consecuencias.
Ojalá, y muy pronto los servidores públicos, se capaciten y aprovechen la experiencia adquirida para dejar el bando rudo, y entonces puedan optar por el técnico.
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