“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”
Albert Einstein
Los dos últimos casos mediáticos relacionados con posibles actos de corrupción han sido el del ex director de PEMEX, Emilio Lozoya y el ex coordinador nacional de Protección Civil y casi director de la distribuidora de medicamentos del gobierno, David León. El primero, durante la administración de Enrique Peña Nieto y el segundo en la administración actual.
En este contexto, más allá de las investigaciones, motivaciones y consecuencias que resulten de este par de casos, debe llamarnos especialmente la atención el hecho de que las dos personas involucradas dirigieron instituciones públicas, es decir, ambos formaron parte de la alta dirección pública del país.
El fenómeno no es menor, la reflexión radica en buscar soluciones para que esto no vuelva a suceder. Desde esta perspectiva y buscando mecanismos institucionales para que se inhiban conductas y prácticas de corrupción, tendríamos que cuestionar qué tanto influye la forma en cómo los directivos públicos son elegidos, cuál es su formación académica, experiencia, competencias, habilidades y méritos para que ocupen esas posiciones. Además, aquí es importante evaluar si debe ser la lealtad política lo único que detone el nombramiento de las personas que dirigen las instituciones públicas, como tradicionalmente sucede en nuestro país.
Diversos estudios han encontrado una relación directa entre la ausencia de mecanismos transparentes que privilegien el mérito para que los directivos públicos lleguen a sus cargos y la comisión de actos de corrupción y nepotismo. Por ello, países con burocracias más desarrolladas han implementado Sistemas de Alta Dirección Pública (en un marco de servicios civiles de carrera) para propiciar que existan reglas claras y transparentes para la designación de estas posiciones en las que se califique un piso mínimo de conocimientos, experiencia y habilidades directivas para desempeñarse en estos cargos sin dejar de lado el equilibrio político. Además, estos mecanismos incluyen procesos específicos de capacitación, evaluación e, incluso, remuneración.
Por su parte, la tradición de la administración pública mexicana consiste en un arraigado sistema de botín político en el que la consolidación del Servicio Profesional de Carrera simplemente no ha tenido cabida y, mucho menos, la instauración de un sistema de alta dirección pública. Por ello, llegó la hora de aprovechar esta coyuntura en la que dos personajes que dirigieron distintas organizaciones públicas se vieron envueltos en estos escándalos para impulsar una forma distinta de hacer las cosas, la instauración de un Sistema de Alta Dirección Pública es una de las soluciones. Más allá de los efectos políticos que ambos casos han generado, debemos canalizarlos en la búsqueda de soluciones institucionales que inhiban que estos hechos se repitan. Este es el momento oportuno para dejar atrás la tradición de otorgar cargos a cambio de lealtad y sumisión al proyecto de las personas, para evolucionar al diseño de políticas pensando en el beneficio de las organizaciones y, sobre todo, de la sociedad.
Más mérito, menos lealtad.
Gonzalo Vera
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