El Pleno del Senado aprobó por mayoría el proyecto de decreto por el que se interpretan los alcances del concepto de propaganda gubernamental, principio de imparcialidad y aplicación de sanciones contenidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en la Ley Federal de Revocación de Mandato. El decreto publicado ese mismo día en el Diario Oficial de la Federación (DOF) implica fundamentalmente que se levanten las restricciones previstas en el marco legal para que las personas servidoras públicas puedan promocionar el ejercicio de revocación de mandato impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Más allá de la validez jurídica del decreto o la obsolescencia de las disposiciones para limitar la participación y posicionamiento de las personas servidoras públicas en un ejercicio democrático como este, el mensaje que dieron los senadores aliados al gobierno es contundente, hacer lo que sea necesario para demostrar lealtad a las prioridades del presidente.
La acción no es sorpresiva, la tradición de la administración pública mexicana radica en que para acceder y mejorar la posición en el servicio público se debe ser “leal” a la persona o al grupo por el que llegan a esa posición, situación que bien vale la pena mencionar, se acentuó desde el inicio de la actual administración.
¿Pero qué implicaciones tiene ser leal al presidente y no a las instituciones y la sociedad?
Ser leal a las personas y no a las instituciones repercute en los resultados que entrega la administración pública y las personas que trabajan en ella. Primero las personas servidoras públicas son mucho más proclives a la corrupción y a caer en prácticas de nepotismo, por esa conformación de “camarillas” de poder. Los estudios también nos mencionan que existe una mayor ineficiencia gubernamental, dado que los aspectos técnicos suelen ser menospreciados.
En este sentido, el decreto aprobado por la Cámara de Senadores abre un nuevo capítulo en el que queda demostrada la prioridad… satisfacer la voluntad del presidente. Con ello las personas servidoras públicos estarán enfocadas en promocionar la revocación de mandato y buscar posicionar en la agenda pública el ejercicio.
Es comprensible que las personas servidoras públicas de distintas jerarquías se encarguen de difundir la revocación. El valor fundamental para ejercer un cargo hoy en día es demostrar estar alineado con la agenda impulsada por el presidente, los resultados y la atención de las necesidades sociales bajo esta premisa, bien pueden esperar.
El fondo del problema se debe centrar en qué tipo de administración pública queremos, una que atienda la agenda y prioridades del presidente en turno, o un grupo de instituciones y personas servidoras públicas encargadas de atender las múltiples y complejas necesidades de la sociedad en materia de reducción de pobreza, desarrollo social, o seguridad pública. Si la respuesta es la segunda, debemos impulsar una agenda de profesionalización del empleo público y la consecuente consolidación de Servicios Civiles en todas y cada una de las instituciones públicas a nivel nacional, la lealtad debe estar con los ciudadanos y la atención de sus necesidades.
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