“Ma ra jmuru̷ji nrexe ye nrixu̷, so'o ra potu̷ nu xoñijomu̷, jero mbara nuk'o pes'i ra nzhodu̷ji k'o nrexe in dyojui.”
“Mujeres unidas podemos cambiar el mundo, caminando de la mano con equidad e igualdad”
A propósito del día internacional de la mujer celebrado el pasado 8 de marzo, fecha para recordar la lucha que día a día enfrentan miles de mujeres en nuestro país, una lucha constante por lograr su participación en los diversos ámbitos de la sociedad, por el reconocimiento y ejercicio de sus derechos humanos, sociales, políticos, económicos y culturales, y en el reclamo de esos derechos políticos, muchas mujeres están rompiendo con esos esquemas ideológicos, y esta columna está dedicada para ellas, para recordar esa lucha, y visibilizar los retos que aún quedan por enfrentar en el ámbito de su participación política.
Recordemos, que ya han muchos años desde que la mujer, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de octubre de 1953 obtuviera, después de una larga lucha, el derecho a votar y ser votada para puestos de elección popular. Es decir, por primera vez las mujeres podríamos ejercer la democracia eligiendo a nuestros gobernantes y no solo eso, además podríamos ser candidatas a gobernar desde los tres órdenes de gobierno y al fin ser parte de las decisiones importantes de nuestro país.
La utopía no podría estar más alejada de la realidad, porque los medios y mecanismos de protección para votar y ser votadas, aun se siguen puliendo con el tiempo, tras constantes inconformidades de las mujeres para lograr una paridad de género tan anhelada en las elecciones y en el ejercicio de sus derechos políticos electorales.
Actualmente contamos con gobernadoras como en los estados de Tlaxcala, Campeche, Guerrero, Colima, Baja California y Chihuahua, también con Diputadas Federales y Estatales, Senadoras y Presidentas Municipales; es decir, la presencia femenina poco a poco se está viendo reflejada en las administraciones publicas actuales.
Sin embargo, no hay que perder de vista, que en nuestro México existen muchas realidades, entre ellas, la de las mujeres indígenas, que en nada o en poco se asemeja a la realidad de las mujeres que han crecido en las grandes urbes o en zonas más cercanas a ellas.
Así, la vida de la mujer indígena normalmente se ve marcada por factores de desigualdad en comparación con otros sectores de la sociedad, empezando por la garantía de sus derechos fundamentales, que aunque se encuentren enmarcados en nuestra Constitución Federal, pocos de estos se pueden garantizar, tales como el acceso al agua, a la salud o a la educación. Por ello, aun cuando el artículo 35 fracción I y II de la Constitución, hace extensivo el derecho a la ciudadanía de votar y ser votados, los mecanismos que garantizan este derecho, se ven limitados ante la exclusión hacia la mujeres indígenas dentro de la participación política.
Esta exclusión comienza desde el interior de las comunidades indígenas, donde acceder al sistema de cargos, desde la perspectiva de la comunidad y ante los roles tan marcados que se han impuesto a las mujeres indígenas, hacen poco probable su participación, sumando otros factores negativos como el analfabetismo por el difícil acceso a la educación y el monolingüismo, hacen que la mujer indígena se encuentre en situación de desigualdad, donde su voz se vuelve tan silenciosa que ni siquiera se puede escuchar. Aunado a ello, su ausencia en estos espacios de toma de decisiones conlleva a que no se atiendan sus necesidades reales ni las de sus comunidades.
Cuando se habla de política dentro de las comunidades tiende a pensarse en acciones de asistencia social para ellas, se sigue haciendo política sin perspectiva étnica, intercultural ni de género, y no se reconoce a las mujeres como sujetas de derechos con capacidad de gestión, acción y gobernanza.
Por otro lado, se encuentra la lucha de la mujer indígena queriendo incursionar como parte de un partido político o como candidata independiente, participando en la administración pública; es decir, ejercer sus derechos político-electorales; esta situación se vuelve aún más compleja, por los grandes retos que esto atañe, debido a la discriminación y exclusión estructural e incluso institucional a la que se encuentran sujetas.
En el año 2018, el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) evaluó al Estado Mexicano y emitió distintas recomendaciones, entre las cuales, se encontraban el de garantizar mediante mecanismos efectivos la participación de la mujer indígena en la vida política de su país y de su pueblo; no obstante, después de que el Estado Mexicano rindiera un informe de medio tiempo en septiembre del año dos mil veinte a efecto de que la CEDAW conociera sus avances; pocos han sido los logros que se han realizado y en cambio México se ha visto envuelto en constantes críticas como un país que no es capaz de garantizar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y aunque estos se encuentren dispuestos en la normatividad, quedan como letra muerta o en el discurso de nuestros gobernantes.
Los retos son muchos, las oportunidades parecen pocas; empecemos por visibilizar a las mujeres indígenas no como un sector vulnerable que necesita que otros decidan por ella, más bien como uno capaz, tan capaz como cualquier ciudadano; así, desde la interpretación armónica del artículo primero de nuestra Constitución Federal, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por ello, el Estado debe garantizar desde todos sus ámbitos que las mujeres indígenas tengan mayores oportunidades de incursionar en los cargos de elección popular, mediantes herramientas funcionales como la educación, la inclusión y la visibilización de sus valores y conocimientos, en la toma de decisiones de nuestro país.
Actualmente en México existen 68 pueblos indígenas y según diversas cifras alrededor del 21.5 % de la población se auto reconoce como indígena, de los cuales la mayoría son mujeres. No obstante, esta cifra es solo un número, debido a que muchas veces temen reconocerse como indígenas por miedo a ser discriminados o excluidos y aunque actualmente el Instituto Nacional Electoral ha reconocido diversos Distritos indígenas en algunos Estados del país, ha omitido a otros en los cuales también existe presencia indígena, así que las exigencias siguen latentes, para que en cualquier rincón del país, donde viva una mujer indígena se le reconozcan y garanticen sus derechos fundamentales, y se le brinden medios de protección efectivos encaminados a defender su dignidad humana, empoderando su nombre y finalmente se admita su capacidad de participar activamente en todos los ámbitos sociales, culturales o políticos.
· Antonio Segundo Adriana, Maestra en Derecho de Amparo as.adrianalegal@gmail.com
· Lujano García Angélica, Licenciada en Lengua y Cultura.
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