En México habitan poco más de 32 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, y de acuerdo con el CONEVAL, en 2018, sólo 15.5 millones de ellos contaban con trabajo. La institución también reveló que el 80% de esos jóvenes con empleo tiene un ingreso menor al costo de la canasta básica, mientras que el 51% carece de seguridad social[1]. Asimismo, según lo detalla el INEGI, el 51% de las personas nacidas entre 1980 y 1995 ocupadas ganan hasta $7,952.00 pesos al mes, y sólo el 4% percibe más de $13,254.00 pesos mensuales.
En este contexto, podemos afirmar que la mayoría de los jóvenes en México padece de precariedad laboral y falta de condiciones dignas para vivir.
Asimismo, según datos proporcionados por las Secretarías de Estado, el promedio de edad de las personas servidoras públicas que laboran en la Administración Pública Federal es de 45 años, dato que refleja que los jóvenes se encuentran subrepresentados en las tareas del gobierno federal.
Por otra parte, es indudable admitir que el país requiere reconstruir el servicio público, dignificar las tareas de los servidores públicos y buscar estrategias que permitan ejercer las tareas de gobierno bajo los principios de integridad, transparencia, eficacia, eficiencia y con vocación por el servicio público, además de ejercerlas con cercanía y receptivas hacia las demandas de la población.
En este sentido, llevar a cabo dicha tarea implica revisar la forma en la que se accede al empleo público; por ello es importante replantear, actualizar y fortalecer el Servicio Profesional de Carrera.
Bajo ese panorama y considerando: primero, la pobreza laboral que padece la mayoría de los jóvenes en México; segundo, la subrepresentación de este sector de la población en las estructuras burocráticas; y tercero, la necesidad de reconstruir el servicio público, se hace necesario que se propongan políticas públicas que busquen la inclusión de jóvenes en las tareas de gobierno y de la administración pública.
Una posible propuesta para poder alcanzar este objetivo es la de reformar la Ley del Servicio Profesional de Carrera, e incluir disposiciones que permitan llevar a cabo convocatorias especiales destinadas a emplear a jóvenes recién egresados, sin experiencia profesional y que acrediten los conocimientos y las competencias necesarias para laborar en el sector público.
Es importante considerar que el servicio público en México ya cuenta con al menos una práctica que ha demostrado ser exitosa, la cual ha sido implementada desde 2015 por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y fue denominada como “Semillero de Talento”[2].
La práctica consiste en lanzar convocatorias especiales destinadas a jóvenes recién egresados provenientes de carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés) y universidades interculturales, principalmente de la carrera de Lengua y Cultura, reservando la mitad de las plazas de dicho programa a mujeres.
El Semillero de Talento del IFT consiste en ofrecer tres acciones afirmativas:
Mujeres
Jóvenes
Inclusión de comunidades indígenas
En resumen, esta iniciativa ha propiciado que una institución pública genere una oferta de primer empleo digno, en la que se combinen el mérito -ya que los aspirantes deben acreditar un alto desempeño académico, competencias y valores-, y acciones afirmativas.
Por lo tanto, la propuesta de replicar y adaptar este tipo de prácticas a las necesidades de la Administración Pública Federal, vía el Servicio Profesional de Carrera, traería consigo un efecto multiplicador de beneficios, como serían:
Desde el interior:
Las dependencias federales se verían beneficiadas con la conformación de equipos multidisciplinarios y diversos, lo que ayudaría a formular políticas públicas cercanas a las necesidades sociales (contrarrestar las propuestas desde el escritorio).
Se incentivaría la renovación de las personas servidoras públicas; con lo que podrían ser aprovechadas las características que han desarrollado las nuevas generaciones, como lo son: el uso de las TIC, la innovación y la disposición para ofrecer soluciones que ayuden a mejorar el entorno.
Se instalaría la idea de acceder por la vía meritocrática al empleo público, lo que genera lealtad a la institución y no a los superiores jerárquicos (debilitar la política de “botín”).
Desde el exterior:
El gobierno federal sería un actor principal en la generación de un primer empleo digno para jóvenes recién egresados, buscando revertir la precariedad laboral que hoy en día padecen.
En el mediano plazo, podría repercutir en la percepción hacia la población de tener instituciones más cercanas.
Se replicaría la idea de contar con instituciones a las que se acceda al servicio público mediante el mérito, contrarrestando la idea de que son necesarias las prácticas de nepotismo para ocupar algún cargo público.
En conclusión, las instituciones públicas del gobierno mexicano deben ser ejemplo para garantizar condiciones de empleo dignas para los jóvenes, y la mejor manera de hacerlo es ponerlo en práctica desde el interior; por ello, mi propuesta es reformar la Ley del Servicio Profesional de Carrera, ya que como lo comenté anteriormente los beneficios tendrían un efecto multiplicador en beneficio de la población. Estoy convencido de que con estas iniciativas los jóvenes pueden ser agentes de cambio en la reconstrucción del servicio público.
[1] https://expansion.mx/finanzas-personales/2019/08/13/los-jovenes-en-mexico-estan-atrapados-en-la-pobreza-laboral
[2] https://www.youtube.com/watch?v=UMzm0tzHgLE&t=101s