“No puede haber gobierno rico, con pueblo pobre”, ha sido una de las principales consignas del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; en estas ocho palabras, se han buscado concentrar las señales de muchos sectores de la población mexicana que claman por hacer del gobierno, la administración pública y servidores públicos actores que solucionen de la mejor manera las múltiples necesidades de la sociedad.
Bajo este esquema, el nuevo gobierno prometió llevar a cabo una “nueva forma de gobernar”, para ello, han decidido impulsar la denominada: “austeridad republicana”, prometiendo reducir los “privilegios” de la alta burocracia y hacer “más con menos”. Esta política de austeridad contempló desde la reducción de salarios, eliminación de los seguros de separación individualizada y gastos médicos mayores, hasta despidos masivos de servidores públicos, disminución al mínimo de la contratación de personal por honorarios y eventuales, entre otras medidas. Es decir, si intentamos descifrar el mensaje, los servidores públicos fueron asumidos por el nuevo gobierno como los responsables de los problemas, sin hacer distinción entre los servidores públicos capaces, experimentados y con vocación de servicio público, de aquellos que no tienen esas aptitudes: en pocas palabras, el “castigo” es parejo.
Al igual que los sectores de la población que buscan un cambio en la forma de conducir el gobierno, existen otros que coinciden con ciertas líneas discursivas del presidente y sus cercanos, las cuales han alimentado el ánimo y la sed de revancha, así como la división y el encono contra quienes, desde su perspectiva, caigan en los supuestos que la nueva clase gobernante ha mencionado, llámese: mafia del poder, fifís, neofascistas, minoría rapaz, conservadores, neoliberales -en su sentido de denostación-, etc.
Si consideramos las dos visiones, la pregunta a responder es:
¿Cuál es el objetivo de la austeridad republicana?
Para obtener elementos para responder la pregunta, debemos tomar en cuenta que la administración pública debe atender, desde su funcionamiento y operación, muchos asuntos que la austeridad no resolverá por sí sola, y que de no atenderse será muy difícil llegar al objetivo de hacer de este país, un país menos desigual, con desarrollo y prosperidad.
Al respecto, enlisto una serie de temas -sin que sea limitativa- que hasta el momento han sido ignorados en la agenda pública nacional:
Profesionalización de la administración pública: En un contexto en el que desaparecieron prestaciones laborales, se redujeron los salarios, y se han presentado despidos masivos, es difícil pensar en una agenda que priorice el impulso de un servicio público profesionalizado, en el que impere el mérito en el empleo público. En este marco, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)[1], menciona que contar con un servicio civil profesionalizado es un hito fundamental para lograr una mayor capacidad del Estado y una mejor calidad del gasto público. “El mayor activo de las instituciones son las personas que las componen. En el caso del sector público, las personas están a cargo del diseño y la implementación de todas las políticas públicas.” Es por ello que reconsiderar los despidos de servidores públicos puede resultar un buen primer paso, además, se debe actualizar el servicio profesional de carrera, buscando que su instrumentación se haga en niveles directivos y operativos, explorando la posibilidad de hacer funcionar lo que en el pasado no resultó.
Mejorar las compras gubernamentales: Según un informe realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO)[2], de 2012 a 2017, a mil empresas se les asignó por adjudicación directa el 71% de los contratos; por su parte, el pasado 7 de enero, en el marco de la presentación del “Informe de seguimiento sobre la Reforma de Compranet”, el Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), José Ángel Gurría, señaló que se ha abusado de las excepciones a la licitación pública, que han servido para darle la vuelta a los requisitos legales o para el desvío de recursos públicos[3]. Sin embargo, el panorama no es alentador, ya que el Presidente anunció la adquisición de 671 autotanques para el nuevo esquema de distribución de gasolina en el país, por un monto de 92 millones de dólares, el cual se realizó por la vía de la adjudicación directa[4], lo que incluso puede reflejar una falta de planeación para la ejecución de políticas públicas, en este caso, la lucha contra el robo de combustible.
Disminuir tiempos de respuesta para realizar trámites: En junio del año pasado, el BID, presentó un estudio denominado: “El fin del trámite eterno”[5], en el que ofreció cinco recomendaciones para mejorar la experiencia de los ciudadanos con respecto a los trámites. En este sentido, el texto señala que en México, el Estado gasta 9 dólares por cada uno de los trámites que se prestan en persona en las oficinas públicas. Sin embargo, en las declaraciones emitidas por el Presidente y los Secretarios de Estado, no aparece nada que involucre de una manera articulada e institucional la experiencia ciudadana, simplificación administrativa, trámites digitales o calidad en la gestión pública; ya que, incluso, la austeridad republicana podría generar un efecto inverso al respecto con el desmantelamiento de las estructuras públicas.
Robustecer la auditoría gubernamental: En la lucha contra la corrupción, alcanzar una mejor optimización de recursos, así como la mejora de la gestión pública es imprescindible fortalecer el papel de la auditoría en el funcionamiento del gobierno; aplicar el marco legal en las diferentes instancias encargadas de la fiscalización de los recursos público, así como vincular los resultados de las auditorías en la operación, y actualización de los programas gubernamentales; por poner un ejemplo, la decisión de modificar la modalidad, el monto, o el destino de los recursos que se asignan al programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, deben considerarse las recomendaciones que las instancias fiscalizadoras han determinado sobre éste, lo anterior, con el objetivo de que las medidas a tomarse se apeguen en beneficio de los beneficiarios, y no se realicen de manera unilateral, y sin apego a sustento técnico.
Reingeniería de la administración pública: El presidente López Obrador, se ha posicionado en varias ocasiones contra el “gobierno faraónico”, mencionando vehículos de lujo, y salarios que consideraba sumamente altos; sin embargo, en sus acciones no se han tomado medidas contundentes en las que se revise el funcionamiento, la estructura, las necesidades de las instituciones públicas. Es justo aquí, donde la Secretaría de la Función Pública, debería protagonizar la tarea: realizar una reingeniería de la administración pública, podría traer múltiples beneficios, como la optimización de recursos, la reconducción de recursos humanos en tareas estratégicas, lo que en el largo plazo beneficiaría el logro de mejores resultados en beneficio de la sociedad.
Considerando los temas descritos, resulta necesario que definamos hacia dónde queremos llegar cómo país:
¿será la austeridad republicana el mecanismo que nos llevará a lograr ese objetivo?
[1] http://descubre.iadb.org/es/servicio-civil
[2] https://imco.org.mx/articulo_es/indice-riesgos-corrupcion-sistema-mexicano-contrataciones-publicas/
[3] https://aristeguinoticias.com/0701/mexico/excepciones-a-licitacion-publica-han-servido-para-desviar-recursos-publicos-ocde/
[4] https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/compra-autotanques-abasto-de-gasolina-costara-mexico-92-millones-dolares/
[5] https://publications.iadb.org/en/wait-no-more-citizens-red-tape-and-digital-government