El pasado 15 de julio, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador presentó: “los 50 lineamientos para combatir la corrupción y aplicar una política de austeridad republicana”[1], dentro los que se encuentran:
El presidente de la República ganará menos de la mitad de lo que recibe el presidente Enrique Peña Nieto, sin ningún tipo de compensaciones.
No habrá caja de ahorro especial; es decir, dejará de existir la partida conocida como “seguro de separación individualizada”.
Se bajan los sueldos de los altos funcionarios públicos a la mitad, de quienes ganan más de un millón de pesos anuales; de manera progresiva, pero lo ahorrado debe significar el 50 por ciento del gasto actual; es decir, se va a ahorrar la mitad de lo que ahora se destina para el pago de los altos funcionarios públicos.
Se reduce toda la estructura de trabajadores, empleados de confianza, en un 70 por ciento del personal y del gasto de operación.
Los trabajadores de confianza laborarán de lunes a sábado y cuando menos ocho horas diarias.
No se puede asistir al trabajo en estado de ebriedad, ni tomar en las oficinas públicas.
Se tratará con amabilidad a los ciudadanos en las oficinas públicas y en cualquier lugar, aceptando con humildad que ellos son, los ciudadanos, los mandantes de los servidores públicos.
Consideremos que la última reforma administrativa de la administración pública fue durante el gobierno de José López Portillo (1976-1982), que en palabras del Dr. José Juan Sánchez[2] “tenía como tesis central reorganizar el gobierno para organizar el país.”, es decir, la última reforma de la administración pública mexicana tiene 35 años, por lo que si pensamos en las complejidades que representan las múltiples demandas de la sociedad actual, se hace necesario emprender medidas para hacer de la administración pública mexicana un brazo eficaz, eficiente, con vocación, y orientado a resultados en beneficio del interés general, lo que sin duda lleva a modificar en muchos rubros el estado que guarda en este momento la administración pública del país; sin embargo estas modificaciones deben estar sustentadas en estudios técnicos, sin la intención de que al servicio público se le tome como rehén de los muchos problemas que le aquejan al país, y sobretodo sin soslayar, generalizar, ni denigrar a las personas que forman parte de la actividad pública.
En este contexto, resulta necesario precisar la diferencia entre los cargos de elección popular de los cargos técnicos de la administración pública, en el primer grupo se encuentra el Presidente de la República, senadores, diputados locales y federales, presidentes municipales (alcaldes en el caso de la Ciudad de México), regidores (concejales para la Ciudad de México), quiénes por la vía electoral de manera directa o indirecta ocupan cargos de carácter político con diferentes facultades y atribuciones cada uno de ellos. Por otra parte, están los técnicos de la administración pública que trabajan en los ámbitos federal, estatal municipal, así como en los Organismos Constitucionales Autónomos; este grupo es el encargado de hacer funcionar a la administración pública, y en consecuencia de operar las necesidades sociales de todas las agendas que van desde salud, educación, seguridad pública, turismo, cultura, derechos de la niñez, recaudación fiscal, investigación científica, agricultura, política monetaria o regulación y competencia económica, por citar solo algunas.
Por mencionar algunos ejemplos, dentro del grupo de administradores públicos técnicos podemos mencionar aquellos médicos que administran y proveen servicios de salud en el Instituto Nacional de Pediatría, los economistas que laboran en el Banco de México, los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, o bien, los servidores públicos que atienden en ventanilla para la expedición de pasaportes.
Tomando en consideración las diferencias entre un grupo y otro, resulta imprescindible ofrecer los siguientes argumentos para que los lineamientos del plan de austeridad de AMLO sean al menos reconsiderados:
Según el Censo Nacional de Gobierno Federal 2017 que realizó el INEGI, el número de personas que trabaja en instituciones públicas federales asciende a 1 millón 567 mil 381, de las cuales 1,164,440 ganan de 5 a 15,000 mil pesos, es decir el 74.3% de los servidores públicos federales gana máximo esa cantidad. Por lo que tomando en cuenta lo señalado en el “Proyecto de Nación 2018 - 2024”[3], apartado 6. Mercado laboral mal remunerado, se menciona: “es increíble que, en un país con una fuerza laboral de 52.2 millones de trabajadores, únicamente 567 mil (1.0% ganen más de 10 salarios mínimos al mes (más de 24 mil pesos al mes) mientras que el 81.5% de los trabajadores obtienen menos de 5 salarios mínimos (menos de 12 mil pesos al mes)”, en este sentido, según el proyecto de nación del próximo gobierno, el 74.3% de los servidores públicos federales son trabajadores mal remunerados (y que además en el caso de que sean trabajadores de confianza deberán trabajar ahora los sábados también). Sin embargo, la premisa es más compleja, por ello considero es necesario que los sueldos de los servidores públicos estén sujetos a los resultados que ofrecen, lo que implica valorar sus actitudes, aptitudes, experiencia, conocimientos y especialización técnica, agregando un valor que trae consigo la teoría neo-webberiana, valor social; por ello la única salida es en el caso federal es la de reconfigurar, actualizar y renovar el Servicio Profesional de Carrera.
De 1,567,381 servidores públicos federales, sólo 317,879 son empleados de confianza es decir sólo el 20.2% del total, si tomamos en cuenta que uno de los puntos del plan de austeridad menciona que se reducirá en un 70% el personal de confianza, quedarían operando sólo 95,363 servidores públicos de confianza en todas las instituciones federales. Por poner un ejemplo, con información actualizada a la 2ª quincena de mayo, la Secretaría de Turismo, cuenta con 1,512 servidores públicos, de los cuales 1,153 son personal sindicalizado, por lo que si consideramos la propuesta del recorte del 70% del personal de confianza, la Secretaría de Turismo que es la articuladora de la 3ª fuente de ingresos del país, operaría con tan sólo 108 servidores públicos de confianza; con ello quiero decir que aplicar el recorte del 70% del personal a rajatabla es inviable y paralizaría a la administración pública. Sin embargo, una posible solución a esta medida es realizar una verdadera reingeniería de la administración pública en la que se determine qué instituciones duplican funciones, cuáles pueden delimitar su ámbito de acción, o cuáles se pueden agrupar en una sola dependencia con las implicaciones legales que esto conlleva.
Algunas de las medidas de austeridad irían en contra de lo que señalan documentos técnicos emitidos por organismos internacionales como el BID y la OCDE, por ejemplo, en el documento: “Panorama de las Administraciones Públicas América Latina y el Caribe 2017[4]”, en los capítulos que refieren al Empleo Público, y a la Gestión de Recursos Humanos, se señala: “México registró una leve baja en el empleo público como proporción del empleo total, de 0.5 y 0.6 puntos porcentuales… ”. Ahora bien, con respecto a la Gestión de recursos humanos, el estudio señala que en materia de planificación, mérito, gestión del rendimiento, gestión de la compensación, y en la capacidad institucional de la Agencia de Servicio Civil (Secretaría de la Función Pública) es decir los servidores públicos mexicanos ya presentan un rezago importante con respecto a la OCDE y Latinoamérica; no obstante, el próximo gobierno considera disminuir sueldos, retirar seguros de vida, de separación individualizado, y de gastos médicos, así como incluir el sábado en su jornada laboral.
Finalmente, la idea de extender la jornada laboral de lunes a sábados cuando menos ocho horas diarias, tendría varias consecuencias, es por ello que retomo algunas ideas del posicionamiento titulado: “Derechos laborales iguales para tod@s”[5], en éste, se señala que la medida afectaría las condiciones de desigualdad contra las mujeres, se vulneraría el interés superior de la infancia, se crearían retrocesos en derechos laborales, se entorpecería la reconciliación nacional y se atentaría contra el desarrollo humano, la calidad de vida y la aspiración a la felicidad de las personas y sus familias; por ello, una alternativa es la de impulsar una administración orientada a resultados y no al cumplimiento de un horario; la alternativa debería incluir una adecuada planeación en la que se fijen objetivos y metas periódicas a las cuales se les dé seguimiento, y que incluso se puedan promover ciertos procesos de gobernanza en los que se involucre la participación de sectores sociales interesados en el seguimiento de la consecución de los resultados institucionales.
En resumen, es ineludible reflexionar que los resultados electorales del pasado 1 de julio traen consigo el ánimo social para que muchos aspectos del país cambien; un amplio sector de la sociedad mexicana exige un gobierno que vele por el interés público garantizando tareas inconclusas como las de seguridad pública, desarrollo humano, disminución de la desigualdad social, entre muchas otras; y que, además, se castigue y se inhiba el mal manejo de los recursos públicos y las prácticas corruptas. En este sentido, el próximo gobierno debe considerar que los gobiernos, y en consecuencia la administración pública está formada por personas, que como cualquier otra tienen familia, gustos, intereses, necesidades de recreación y autorrealización, y que poseen los mismos derechos y obligaciones que cualquier otro. Sin lugar a duda, se requiere generar cambios para que lleguemos a ser el país que todos soñamos, sin embargo, nada de esto se podrá si no contamos con un servicio público profesionalizado. El equipo que conforma el próximo gobierno debe considerar al servicio público como un aliado y no como un enemigo.
[1] https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-presenta-50-medidas-de-austeridad-y-contra-la-corrupcion/1252493, consultado el 09/08/18
[2] Sánchez González, José Juan, “El cambio institucional en la reforma y modernización de la administración pública mexicana”,http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-10792009000100003, consultado el 13/08/2018.
[3] http://www.milenio.com/politica/amlo-y-su-proyecto-de-nacion-para-los-proximos-6-anos
[4] https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7979/Panorama-de-las-Administraciones-Publicas-America-Latina-y-el-Caribe-2017.pdf
[5] http://diariotiempo.mx/opinion/derechos-laborales-iguales-para-tods/