Recientemente el presidente de Argentina, Mauricio Macri anunció tres cosas[1]: la primera, que congelará su sueldo y el de los altos cargos; segundo, despedir al 25% de los cargos de confianza del Gobierno argentino; y tercero, la prohibición a los ministros de Estado para que puedan tener familiares trabajando dentro de las instituciones que encabezan. De inicio, está medida, pudiera resultar atractiva ante la opinión pública y un amplio sector de la sociedad que exige un cambio en la manera de gobernar, sin embargo, las medidas tomadas, me hacen plantear las siguientes interrogantes:
¿Congelar los sueldos de los servidores públicos repercutirá en la dignificación de su labor como servidores públicos?
¿Se habrán hecho los análisis necesarios para determinar que es necesario despedir al 25% de los cargos de confianza del Gobierno argentino?
¿Despedir a los familiares de los ministros trabajando en las instituciones habla de un ingreso al servicio público deficiente?
Más allá de las dos primeras interrogantes, me llama la atención la tercera: prohibir que los ministros puedan tener familiares trabajando en el Gobierno, refleja un mal que aqueja a todas las administraciones públicas latinoamericanas: el mérito en el servicio público, es un valor que se encuentra diluido, no hubiera sido necesario tomar esta medida, si el mecanismo por el cual se ingresa al servicio público fuera por la vía meritocrática, que para efectos institucionales, se materialice a través de un sistema de servicio civil de carrera que implicara que para incorporarse al él se tomen en cuenta los conocimientos, la experiencia, las habilidades, aptitudes, competencias y sobre todo la vocación por el servicio público que se requiere para formar parte de cualquier institución pública.
El caso mexicano, no dista mucho de esta realidad, el estancamiento y abandono del Servicio Profesional de Carrera en el Gobierno Federal, y la nula implementación en los gobiernos estatales y municipales de un servicio civil lo reflejan.
Las próximas elecciones son un motivo perfecto, para que tanto en el ámbito académico, servidores públicos, y organizaciones civiles subamos a la agenda pública nacional, y plantemos un serio debate sobre la necesidad de robustecer, actualizar, y para el caso de municipios y estados implementar servicios civiles que ponderen el activo más importante de cualquier institución pública: las personas que las integran.
Dignificar el servicio público es una tarea que nos corresponde a todos, esto coadyuvará en buena medida, en dos sentidos; primero, para que los servidores públicos seamos vistos como como los agentes de cambio que cristalizaran los cambios en las administraciones públicas; y por otro, como las personas que bloqueen, señalen y propicien el castigo de quienes hacen un mal uso del ejercicio del poder público que se les confiere.
Apostarle a la profesionalización del servicio público requiere de voluntad política, ya que además de requerir recursos financieros, se necesita modificar la idea de que las instituciones públicas son un botín que tenemos prestado por cierto periodo de tiempo y por el cual debemos de aprovecharnos en beneficio personal.
El mérito es el valor fundamental por el cual se debe ingresar al servicio público, eso es una visión a mediano y largo plazo, lo cual garantizará que no se tengan que tomar medidas como las que recientemente impulso el presidente argentino.
[1] https://elpais.com/internacional/2018/01/29/argentina/1517233348_239442.html “Macri congela el sueldo del Gobierno y prohíbe contratar a familiares para mejorar su imagen”, El País, consultado el 29 de enero de 2018.