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El orgullo de ser servidor público

  • Gonzalo Vera Carmona
  • 10 may 2017
  • 3 Min. de lectura

Una de las falsas premisas con las que navega un sector de la opinión pública, es que los servidores públicos son un mal que le aqueja a la sociedad; un grupo de personas que han perdido la dignidad y que se han ganado la deshonra de la sociedad mexicana debido a que trabajan en el gobierno.

Esta percepción va en contra de la dignificación de dicha actividad, ha propiciado que se hayan tomado medidas al respecto; una de ellas, es que durante los últimos 12 años los sueldos de los servidores públicos (al menos en el gobierno federal) se encuentren congelados, no obstante, y pese a la aplicación de esta medida la agenda de combate a la corrupción, transparencia y eficiencia gubernamental no muestra un gran avance, me atrevo que decir que ha provocado el efecto contrario.

El rezago que padece la administración pública mexicana en materia de profesionalización, con un notorio abandono del Servicio Profesional de Carrera, propicia que los avances institucionales se hayan estancado. En este contexto, entre la burocracia federal no permea la idea de que sea el mérito el responsable de garantizarles un ascenso, mejorar sus condiciones, y en consecuencia mejorar los resultados institucionales que le ofrecen a la sociedad.

Ahora bien, si hablamos de la “otra burocracia”, es decir, los servidores públicos estatales, y mu

nicipales, que según datos del INEGI[1] ascienden a 3,227,332, el problema es aún mayor, en estos gobiernos, no se ha generado ni siquiera un mecanismo institucional para la implementación del servicio profesional de carrera, en este rubro se tiene que ser sumamente cuidadoso, ya que la diversidad del país se ve reflejada en las necesidades de cada uno de los gobiernos, la descentralización debe de aplicarse en este sentido, los servidores públicos oaxaqueños, los mexiquenses, los baja californianos, o bien los yucatecos, requieren de sus propios mecanismos para generar estabilidad en su empleo, ser capacitados adecuadamente, y que además sean la primer barrera que obstaculice la corrupción y la impunidad, para que en consecuencia entreguen como producto final mejores resultados institucionales en beneficio de la sociedad.

Según el último informe “Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2017”, realizado por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), en el apartado sobre la Gestión de Recursos Humanos; México cayó o se estancó en los índices de mérito en el servicio civil, gestión de la compensación, capacidad institucional de la agencia de servicio civil; es importante mencionar que el informe estudió el comparativo de 2004 a 2012-15, lo cual refuerza que en materia del desarrollo del personal público México sufre un considerable rezago que no ha encontrado cabida en la agenda pública nacional en los últimos 10 años.

¿Quiénes podemos buscar revertir esta situación?

Se ve complicado que después de más de 10 años de abandono institucional, sea la clase política la interesada en retomar el tema de la profesionalización del servicio público mexicano; es por eso que universidades, académicos, estudiantes, servidores públicos, organizaciones del tercer sector, y la sociedad en general debemos empujar el tema como prioritario en la agenda pública nacional. Por el momento político que vive nuestro país (a un año de que se concluya la administración de Enrique Peña Nieto), difícilmente se dará, sin embargo, todos debemos de exigir a los futuros candidatos presidenciales que lo incluyan en su agenda, y que lo materialicen en el ejercicio de gobierno. Pongamos un ejemplo, ¿qué empresario le apostaría a arriesgar su inversión contratando a empleados sin la experiencia, los conocimientos y las habilidades necesarias para desempeñar sus cargos?

Finalmente, la reflexión nos lleva a concluir que el renacer del orgullo de ser servidor público, será un beneficio del cual todos nos podremos beneficiar.

[1] INEGI Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales 2015.


 
 
 

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